Algunos lo llaman congelación, otros recorte drástico. Yo le llamo adaptación a los nuevos tiempos. Cuestiones semánticas aparte, la realidad es que el 2012 se presenta como un año muy duro para los millones de opositores que, en toda España, esperan conseguir una plaza de funcionario en la Administración pública. La senda del crecimiento en los últimos años ha sido tremenda en este sector, y ahora lo que toca es revertir esta política.
Así, la administración central del estado ya ha anunciado que este año solo convocara 3.200 plazas, ninguna de ellas nueva. Todas correspondientes a procesos de contratación aprobados en el 2011 o, incluso, en años anteriores. Es decir, que de cada 100 funcionarios que causen baja, solo se podrán reemplazar 10.
Por otro lado, aunque resulte paradójico, las comunidades autónomas son, precisamente, las que dan trabajo al mayor número de empleados públicos. Así, de cada 2,7 millones de funcionarios en nómina, el 50% se encuentra en las administraciones autonómicas.
Este año el País Vasco, Andalucía y Madrid serán, de momento, las únicas comunidades que convocaran oposiciones. En el resto de comunidades, las perspectivas de empleo público son bastante negras. En Cataluña, por ejemplo, la decisión de congelas cualquier convocatoria de oposiciones para el 2012 ha dejado en el aire, o en el limbo, a casi 2.000 nuevas plazas docentes provenientes de años anteriores. Y así, suma y sigue.
Ante este panorama, a los opositores que llevan años preparándose para conseguir una plaza no les quedan demasiadas opciones: o intentarlo en las escasas comunidades y Ayuntamientos que publicaran oposiciones, o esperar que el 2013 sea un año mejor que el 2012 o, simplemente, olvidarse del sector público para siempre. La impresión que trasluce, estadísticas a parte, es que es un filón que se está agotando.
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